Fecha de solicitud: 02/09/2025
Solicitante: Particular.
Tipo de Información solicitada: “[…]que el Ministerio Público de la Defensa informe el criterio que se utiliza para la determinación de los cursos que se dictan en el ámbito de la Secretaría General de Capacitación, de los docentes que los imparten y del valor de los honorarios que se les paga. En caso de encontrarse regulados estos parámetros, se solicita que se acompañe el acto administrativo respectivo. Asimismo, se solicita un listado (detallando nombre del curso, programa, docente/s designados, montos erogados) de todos los cursos dictados (especificando modalidad de su dictado: presencial, virtual, mixto) desde el 1° de enero de 2014 hasta la fecha. […]”.
Vía de comunicación utilizada: Formulario Portal Web.
Plazo de respuesta: 23/09/2025
Respuesta: “Se le remitió la respuesta de la Secretaría General de Capacitación y Jurisprudencia de este organismo. Para dar contexto a los datos que se aportarán, se informa que la Secretaría General fue creada en el año 2009 (Res. DGN 1761/09) con la misión de diseñar e implementar un sistema de capacitación integral y proporcionar materiales bibliográficos y jurisprudenciales para el ejercicio adecuado de la defensa. En la actualidad, dentro de la Secretaría funciona la Escuela de la Defensa Pública, la cual tiene entre sus objetivos generales producir y difundir investigaciones que sirvan para comprender los problemas que afronta la defensa pública; diseñar y gestionar la oferta de cursos de formación, actualización y perfeccionamiento para entrenar las destrezas y trabajar en las actitudes requeridas por los defensores; propiciar espacios de colaboración, interacción y debate con otras instituciones nacionales e internacionales, de orden gubernamental o de la sociedad civil, relacionadas con la administración de justicia. El trabajo realizado tiene anclaje legal en los artículos 71 y 72 de la ley 27.149 que, interpretados en conjunto con el Régimen Jurídico para los/as Magistrados/as, Funcionarios/as y Empleados/as (Res. DGN N° 1628/10) establecen que la formación de los integrantes de la defensa pública es un derecho y una obligación.
En este sentido, cada agente del Ministerio Público de la Defensa tiene el derecho a recibir capacitación laboral, al tiempo que su incumplimiento condiciona las promociones y ascensos. En relación con la consulta recibida, se hace saber que los datos procesados están disponibles en los informes anuales del Ministerio Público de la Defensa de los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024 de acceso a público en el sitio web oficial: https://www.mpd.gov.ar/index.php/biblioteca-mpd-n/memoria-institucional. Allí se dejó constancia de todas las actividades realizadas por la Secretaría General de Capacitación y Jurisprudencia a lo largo de la última década, las cuales fueron determinadas en sucesivas resoluciones de la Defensora General, tal como se asentó en los informes anuales. La propuesta educativa de la Escuela cuenta con dos abordajes complementarios. Por un lado, un programa de educación formal integrado por un conjunto de cursos, talleres, seminarios de investigación, presenciales, virtuales y en línea, gestionados con la participación activa de profesores y tutores; y por el otro, un programa de educación informal, que se caracteriza por ser una oferta no estructurada de materiales jurídicos e investigaciones, no necesariamente integrados a un plan de estudios, que permite el aprendizaje autodidáctico para la realización de las tareas cotidianas. Para la definición de las actividades de formación, se recurre, en primer lugar, a los informes producidos anualmente por las defensorías públicas, a las encuestas que se realizan al finalizar cada curso, a los cuestionarios de detección de necesidades que se remiten periódicamente a todos los integrantes del MPD. Esta información se complementa con reuniones semestrales con defensores, con el Coordinador de Programas y Comisiones, y con los Secretarios Generales del organismo. En segundo lugar, los cursos y otras actividades de formación se definen teniendo en cuenta los cambios legislativos, las solicitudes de jurisprudencia que realizan las distintas dependencias, las consultas y reuniones mantenidas con la sociedad civil, con jueces y fiscales, lo cual da otra perspectiva al diseño de la oferta de capacitación formal e informal. En tercer término, la Secretaría realiza una constante revisión de las decisiones emitidas por los tribunales internacionales, la Corte Suprema de Justicia y los más altos tribunales provinciales, por los informes emitidos por organizaciones de la sociedad civil relativos al funcionamiento de la administración de justicia, por las noticias periodísticas de cada jurisdicción que dan cuenta de nuevas conflictividades, así como también por los cursos y actividades ofrecidas por diferentes escuelas judiciales y universidades de la región para identificar nuevas tendencias en la formación jurídica. Con relación a la oferta de cursos, nos remitimos a los datos de los informes anuales. Sin perjuicio de ello, se hace saber que entre el 1° de enero de 2014 y 5 de septiembre de 2025 se dictaron 2583 cursos.
Para ilustrar lo expuesto, se adjunta como archivo el listado obtenido del Sistema Único de Recursos Humanos (SURH), plataforma de uso interno que permite las inscripciones, acreditación de puntos exigidos anualmente por la Defensora General, y los certificados de asistencia. Esta información es utilizada por la Dirección de Recursos Humanos al momento de decidir promociones y ascensos de los integrantes del Ministerio Público. En cuanto a los programas, se aporta el listado del año en curso como archivo embebido; y se hace saber que los programas de años anteriores no están procesados, aunque sus datos generales (por ejemplo, tema, modalidad, docentes u objetivos) están incluidos en los informes anuales ya mencionados. En lo que refiere a la selección del cuerpo docente, se hace saber que se consideran las credenciales académicas y profesionales, conocimiento en la materia y la capacidad de comunicación. Además, se procura asegurar la paridad de género, la representación federal, la participación de docentes pertenecientes tanto a universidades públicas como privadas, como docentes internos y externos al MPD. En lo que atañe a los honorarios de los/las docentes, se informa que sólo en algunos períodos este Ministerio Público de la Defensa contó con recursos económicos para el pago de honorarios, información que está procesada en los informes anuales mencionados.
Por esa razón, la Escuela de la Defensa Pública siempre ha trabajado codo a codo con sus integrantes para que ellos mismos asuman la tarea docente, tal como se desprende de los informes anuales. En este sentido, las restricciones presupuestarias siempre han sido una constante en el trabajo de la institución. Debido a estas limitaciones económicas, solo en cortos períodos de tiempo se tuvo la posibilidad de abonar honorarios a algunos docentes externos. Así, por ejemplo, durante los años 2021, 2022 y 2023 se abonaron honorarios a algunos profesores. El cálculo monetario se realizó teniendo en cuenta los valores de referencia de los posgrados nacionales, calculando una clase de hora y media o dos. En todos los casos se abonaron honorarios por clase, independientemente de la cantidad de docentes que participaron en su dictado. Teniendo en cuenta la inflación que se registró a lo largo de estos años, los montos fueron variando. Así durante el 2021 se calculó un valor de $6.000 por clase. En 2021 se pagó un total de $366.000 en concepto de honorarios docentes. En 2022 los honorarios fueron de $9000 pesos argentinos por clase y durante ese año se realizó una erogación de $1.478.921,65. Por último, en 2023 el valor de la clase se calculó en $14.000 (primer semestre) y $18.000 (segundo semestre), dando un total durante ese año de $2.335.078,35. Esta información surge del reporte entregado por la Oficina de Administración General y Financiera del Ministerio Público de la Defensa, documento que se encuentra adjunto. Para suplir la falta de presupuesto autónomo, tal como se adelantó, la Escuela de la Defensa Pública convoca mayormente a integrantes de la defensoría y solicita clases ad honorem de docentes externos. Además, ha construido vínculos de trabajo colaborativo con otras instituciones, con quienes realizamos actividades mancomunadamente. En especial se destacan las actividades desarrolladas con el apoyo de diferentes Embajadas (Países Bajos, Británica, Canadá), de organizaciones de la sociedad civil (Inecip, CELS, Intercambios, Amnistía Internacional, entre otras), y de otras asociaciones vinculadas con la administración de justicia (Reflejar, Centro de Formación Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional)”.